Madres y padres desaparecidos, hijas e hijos apropiados

EL CASO DE MARIA EUGENIA SAMPALLO BARRAGAN

Por Cecilia Mancuso, Virginia Gómez (integrantes de la agrupación Pan y Rosas) y Florencia Sciutti, estudiantes de Ciencia Política (UBA)

Mirta Mabel Barragán en los años -´70 era una obrera de la fábrica SIAP (Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión). Había sido elegida por sus compañeros y compañeras como delegada de la sección de Tableros, y militaba en el Partido Comunista. Un día después del golpe, la fábrica fue ocupada por el ejército y Mirta empezó a ser perseguida. Decidió renunciar a su trabajo y abandonar su lugar de residencia. Esa misma persecución la vivió su familia, dos de sus hermanas fueron detenidas junto a sus maridos, en el Centro Clandestino de Detención de la comisaría 5-º de la La Plata.

Mirta estaba en pareja con Leonardo Rubén Sampallo, a quien había conocido a través de la militancia en común en el PC. Él trabajaba en el Astillero Río Santiago, y también había sido elegido subdelegado de la sección Calderas. El Astillero, que se caracterizó por la gran combatividad de sus trabajadores, al final de la dictadura contó con la trágica cifra de 42 obreros detenidos-desaparecidos, y muchos años después fue una de las pocas empresas estatales que resistieron exitosamente la oleada privatizadora de los -´90.

Mirta y Leonardo para el año 1977 ya se habían mudado a la Ciudad de Buenos Aires con su hijo Gustavo, escapando de la persecución. El 6 de diciembre de ese año los tres fueron secuestrados, pero sus destinos serían diferentes. Mirta y Leonardo fueron trasladados al Centro Clandestino de Detención “Club Atlético”, que funcionaba en la Capital. Su hijo, al ser separado de ellos, estuvo 23 días desaparecido, hasta que sus familiares lograron recuperarlo.

Cuando se la llevaron, Mirta estaba embarazada de seis meses y, a pesar de su delicado estado, fue detenida en un sótano sin ventilación, en condiciones de insalubridad y falta de higiene, donde convivían hacinadas decenas de detenidas.

En diciembre del -´77, el “Club Atlético” dejó de funcionar para ser demolido y llevar adelante las obras de la autopista. Tanto Mirta como Leonardo fueron trasladados a “El Banco”, donde Mirta pasó los últimos meses de su embarazo. En febrero del -´78, su embarazo ya estaba en término por lo que decidieron llevarla, supuestamente, al Hospital Militar. Este dato no se puede confirmar, más allá de algunas declaraciones imprecisas, especialmente por el silencio que aún mantienen los perpetradores del genocidio. Lo que sí se deduce de los testimonios es que Leonardo, mientras seguía en cautiverio, supo del nacimiento de su hija.

Mirta y Leonardo hoy continúan desaparecidos. De ahí en más el camino de los tres se bifurcó, separando a los padres de su hija recién nacida y queriendo borrar el punto de partida: su origen. Veintitrés años después, esa niña nacida en cautiverio se convertiría en una adulta que reconstruiría su origen en la búsqueda imperiosa de la verdad.

La primera hija de desaparecidos en denunciar a sus apropiadores

En la vida de María Eugenia Sampallo Barragán hay miles de incógnitas. Desde que nació hasta que llegó a manos de sus apropiadores hay un vacío muy grande, y los responsables de ese “vacío” que aún hoy eligen el silencio, demuestran que “al contrario de lo que esperan el gobierno y algunos dirigentes de los partidos patronales opositores- no guardan un gramo de arrepentimiento por la apropiación ilegal de hijos e hijas de detenidos-desaparecidos.

Enrique José Berthier es hoy un militar retirado del ejército, que en el momento que Mirta dio a luz tenía 29 años de edad. Aparece en dos legajos de los archivos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) como un agente del terrorismo de Estado. En ese entonces estaba casado con Violeta, quien no podía tener hijos y se encontraba en tratamiento, tal cuál consta en todos los pedidos de licencia por este tema que figuran en los legajos del genocida Berthier. Según consta en el juicio en su contra que se está llevando adelante, donde María Eugenia y su abuela paterna Azucena Flora Martín de Barragán son las querellantes, el militar estuvo en posesión de la niña a los pocos días de nacer, luego de ser arrancada de los brazos de su madre. Su mujer Violeta se había negado a que se quedaran con la niña, por lo que Berthier hizo lo necesario para darle la criatura al matrimonio Rivas ” Gómez Pinto, que también se veían imposibilitados de procrear, a cambio de mantener un silencio de por vida con respecto a la identidad de la beba.

Datos no faltan, sobran y hasta logran sorprender. A María Eugenia la anotaron como hija biológica del matrimonio Rivas – Gómez Pinto, y eligieron ponerle de nombre: María Eugenia Violeta Rivas. Violeta, tal como se llamaba la esposa de Berthier.

Por otro lado, sin ningún tipo de descaro, el apropiador Rivas manifiesta en el actual juicio que sentía el “deseo de adoptar un niño”, y con esa operación ideológica trata de ocultar que el matrimonio se apropió ilegalmente de María Eugenia y que eran plenamente conscientes del origen de la niña, que habían sustraído de las manos de sus padres. La apropiadora Gómez Pinto incluso llegó a decir que sospechaba que la niña era hija del militar Berthier, quien había dejado embarazada, luego de una violación, a una detenida en cautiverio. Esta declaración, más que elocuente, demuestra que aún que éste no haya sido el caso, las violaciones de las detenidas eran algo frecuente por parte de los militares que actuaban en los centros clandestinos de detención.

Incluso, Gómez Pinto, tal cual consta en las fojas del juicio, desde muy pequeña le gritaba a la niña cosas tales como: “yo te crié entre pañales de seda, si no fuera por mi estarías tirada en un zanjón mocosa caprichosa, hija de guerrillera tenías que ser para ser tan rebelde” . A María Eugenia le marcaron los pasos de su niñez con una idea: Berthier había hecho “una obra de bien”. Por lo dicho queda más que demostrado que la apropiadora era plenamente consciente del origen y sustracción de la niña.

Desde chica María Eugenia dudó de su origen, y portaba en ella una valentía tal que siendo muy pequeña se animó a enfrentar a Berthier preguntándole abiertamente quiénes eran sus padres. La respuesta del militar obviamente fue negar su verdadera identidad, y trató de anularle sus dudas a cambio de beneficios materiales. Hasta llegó a decirle que había sido abandonada en el Hospital Militar, tratando de reforzar la idea de que los detenidos “abandonaban a sus hijos e hijas”. Pero nada de esto pudo con sus dudas acerca de su identidad, hasta que producto de una sagacidad realmente valorable logró saber quién era.

El matrimonio Gómez- Rivas, luego de las incansables preguntas de María Eugenia, decidió decirle, cuando la niña tenia siete años, que no era su hija biológica. Sin embargo, nunca le contaron la historia verídica, las versiones fueron cambiando con el correr del tiempo: primero, que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico, luego que su madre, una supuesta empleada doméstica, la había regalado, y finalmente que su nacimiento había sido el resultado de una relación extramatrimonial de una azafata que vivía en Europa . Todas estas historias no sirvieron para nada más que incrementar las dudas de María Eugenia, quien continuó su incansable búsqueda hasta llegar a la verdad.

En el año 2001, luego de algunos intentos fallidos, comprobó mediante una prueba de ADN, que sus padres eran Mirta y Leonardo, y que sus apropiadores eran aquellos a los que ella había considerado como “padres adoptivos” por veintitrés años.

En estos días está por finalizar el juicio donde denuncia a sus apropiadores y pide 25 años de prisión para el matrimonio Rivas-Gomez Pinto y para el militar Berthier. La fiscalía ha pedido la misma condena y espera que, el próximo 4 de abril, la sentencia se encuentre a la altura de las circunstancias, reconociendo que el delito de apropiación se dio en el marco del Terrorismo de Estado y que debe ser considerado un delito de lesa humanidad.

El Dr. Tomás Ojea Quintana, abogado de María Eugenia, declaró: “No tenemos duda de que los tres acusados van a salir condenados, porque las pruebas son irrefutables. La duda es si el tribunal toma dimensión de la gravedad de los crímenes, porque los antecedentes judiciales indican lo contrario. Estos delitos son los de retención y ocultación de un menor, alteración de la identidad y falsificación de tres documentos de identidad, delitos contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y por lo tanto son crímenes de lesa humanidad”. Y agregó: “Este caso está definiendo varias cuestiones, entre otras, que las personas que se apropian de hijos de desaparecidos sean llamados apropiadores, y no adoptantes ni padres, o que los nietos nunca fueron abandonados, que es la versión de los apropiadores. Es un mensaje a los 400 nietos que no saben su identidad y hoy son adultos”.

Hay otros hijos e hijas que aún viven bajo una falsa identidad

Cada aniversario del golpe hacemos un recuento de las tareas pendientes que nos quedan contra la impunidad. Y cada año las exigencias de justicia pesan más.

Hay al menos 400 hijos e hijas apropiados que aún no saben su historia, y sólo unos 90 han recobrado su identidad. Se vuelve imprescindible que el gobierno ordene de una vez por todas abrir los archivos secretos del período 1976-83, para avanzar en las investigaciones sobre el destino de los desaparecidos y el de sus hijos e hijas. La apertura de los mismos también serviría para enjuiciar a todos los partícipes de aquel genocidio. Debemos seguir exigiendo que se llame a indagatoria a todos los militares que tengan hijos de alrededor de treinta años de edad, y a todos aquellos que cumplieron funciones en las fuerzas durante esos años.

Pero como esto no alcanza, debemos exigir la indagatoria a todos militares y civiles que pasaron por las maternidades clandestinas. El escandaloso caso Febres, y ahora el de Navone, nos demuestran de qué lado está la justicia: del lado de la impunidad. Sigamos exigiendo la cárcel común y efectiva para todos los genocidas, para que no muera impune ninguno de los represores sin antes declarar todo lo que saben.

Aunque las palabras de la presidenta Cristina Fernández en el inicio de las sesiones legislativas “cuando dijo que había solamente a 992 milicos por enjuiciar- son desalentadoras, debemos redoblar nuestros esfuerzos y seguir denunciando que el gobierno ya reconoce abiertamente que no quiere llegar hasta el final. -¿Acaso han sido sólo mil milicos los que hicieron desaparecer a 30 mil compañeros y compañeras? -¿Acaso fueron sólo esos pocos militares quienes tuvieron en cautiverio a otros miles y miles que han sobrevivido? -¿Sólo ellos para apropiarse de 400 bebes y sustraerles su verdadera identidad? -¿Sólo ellos lograron mantener más de 600 centros clandestinos de detención? Repetimos: -¿Sólo tan pocos? -¿Y los empresarios que abrieron sus fábricas y las convirtieron en centros clandestinos donde se torturaba y se mantenía en cautiverio a delegados, trabajadoras y obreros combativos? -¿Y la Iglesia que no dudó en matar hasta sus propios sacerdotes cuando alguno no quiso participar de la complicidad de la jerarquía eclesiástica con este plan de exterminio? -¿Y todos aquellos que se beneficiaron con el plan económico que se implementó a costa del genocidio? -¿Y los agentes del imperialismo que fueron los autores intelectuales del plan?

Ante la apropiación que el gobierno intenta hacer de una historia que nos pertenece, salgamos a las calles este 24 de marzo, a redoblar nuestras fuerzas y gritar más fuerte: -¡30 mil compañeros y compañeras detenidos desaparecidos presentes! HOY Y SIEMPRE.

 

 

¿Quiénes están ’primeras’ en Telecom?

SANCIONAN A UNA TRABAJADORA EMBARAZADA

“Con Telecom-Personal estás primera”, finaliza la publicidad de la empresa multinacional que obtiene ganancias anuales cercanas a los dos mil millones de pesos. Pero quisiéramos preguntarle a uno de sus gerentes en particular, Federico Pérez del área del servicio 112, y a la gerencia de RRHH en general, si las mujeres embarazadas que trabajan en Telecom -¿también “están primeras”? Es que a pesar de sus emocionantes publicidades que intentan darle a la empresa un perfil familiar, donde las mujeres tienen “prioridad” y lo único que “desean” son hijos (siempre muchos, claro), lo cierto es que al interior de esos monumentales edificios las mujeres trabajadoras no están primeras, ni siquiera cuando están embarazadas. -¿A quién le dicen entonces: “Con Telecom- Personal estás primera”? A las trabajadoras, no.

Recientemente, en el edificio Costanera de Telecom una trabajadora embarazada de 7 meses y medio fue sancionada luego de haber presentado los certificados necesarios que avalaban que necesitaba un cambio en la tarea que llevaba adelante, por una que sea menos estresante mientras transita uno de los periodos más delicado de su embarazo. Ella, claramente, no estaba “primera” para la empresa, como tantas otras mujeres. Pero más que “tantas otras”, diría que son millones y millones las mujeres trabajadoras víctimas de la superexplotación laboral, de la precarización que alcanza niveles inhumanos, de los bajos salarios, víctimas de abusos, acosos, y violencia de todo tipo. -¿O acaso no es violencia la persecución patronal sobre una trabajadora embarazada que pide el legítimo cambio de su tarea? -¿Hasta dónde quieren, acaso, cercenar los derechos de las mujeres trabajadoras? -¿Hasta dónde es capaz de llegar la violencia patronal?

Es que en la sociedad actual la gran mayoría de las mujeres que decidimos ser madres nos vemos obligadas a subordinarnos a la dictadura del capital (muchas veces a cualquier precio), que no tiene más que un mar de penurias para el conjunto de las mujeres trabajadoras. Pero -¡atención! porque cuando decidimos no ser madres, ya sea por cuestiones económicas, sociales, o simplemente porque no queremos, somos condenadas al aborto clandestino, que se cobra alrededor de 500 víctimas anuales solamente en la Argentina.

Próximamente se avecina un nuevo 8 de marzo, un nuevo día de la mujer, que debemos convertirlo en un nuevo día de lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras, para que peleemos en las calles para que casos como éste, que se multiplican en millones de voces silenciadas (que sólo aún no se escuchan), no se repitan nunca más.


Reproducimos a continuación las resoluciones de la asamblea de trabajadoras y trabajadores del edificio Costanera de Telecom

La gerencia del 112 de Costanera y RR.HH de Telecom notificaron con una sanción de dos días a una compañera embarazada de 7 meses y medio quien ya había presentado certificados médicos donde se solicita que se le otorgen tareas menos estresantes.

En el día de mañana la Comision Directiva de FOETRA Bs. As. tratara el caso para retirar la sancion a la compañera. Mientras tanto en la Asamblea de Edificio Costanera se resolvio:

Mantenernos en estado de alerta y movilización hasta concocer la resolucion de la discusión gremio – empresa

Declarar persona no grata al Gerente del 112 BA – Federico Pérez por haber sido el firmante de la sanción y por haber perseguido contantemente a la compañera embarazada .

Hacer publico en cada organizacion social, estudiantil, obrera y de derechos humanos la situacion a la que fue sometida nuestra compañera por parte de Telecom

Declaranos en cuarto intermedio hasta la proxima asamblea del dia martes 19/02/2008 .

En caso de no tener respuesta favorable se discutiran las medidas de accion directa a seguir.

Delegados del 112 y Back Office y Asamblea del Edificio Costanera


Las mujeres y la dictadura genocida en Argentina

Por Cecilia Mancuso y Virginia Gómez

El 24 de marzo de 1976 no es sólo la fecha en que comienza la última dictadura militar de la Argentina. Es también el símbolo del comienzo, con toda su fuerza y brutalidad, de un plan sistemático de exterminio, esencialmente de la clase obrera, que protagonizaba una etapa de ascenso revolucionario. -¿Y cuáles eran los objetivos de ese plan? Respondamos con las propias palabras que sus hacedores. Decía orgulloso Massera, en Julio del -´77: “Creemos que el Estado, además de aplicar el principio de subsidiariedad, debe proveer los servicios y la legislación adecuados, para que el empresariado pueda desenvolverse con eficiencia y rigor competitivo, cumpliendo con su papel en la modernización de la república. Creemos en que debemos promover una dirigencia sindical moderna y joven, que se ocupe de defender cabalmente los derechos de los que trabajan, sin buscar otro aliado que la justicia de sus aspiraciones.”(1)

Este “credo” significó la desaparición de 30.000 personas, la expropiación de sus hijos e hijas, la puesta en marcha de un plan económico salvaje al servicio del gran capital, la desarticulación de las organizaciones obreras emergentes desde los años -´60, concretando así la máxima derrota de la clase trabajadora argentina.

Un aspecto del plan: “recuperarlas” o desaparecerlas

Cuando se intenta explicar qué fue el genocidio, pocas veces se tiene en cuenta que uno de sus aspectos característicos fue el tipo especial de violencia ejercida contra las mujeres detenidas. Pero menos aún se explica cuál era su objetivo y el por qué de sus particularidades. Es menester entonces desmenuzar inicialmente las características propias de ese tipo de violencia como parte integrante de un plan sistemático llevado adelante durante la última dictadura militar.

Según el Informe Nacional sobre Desaparición de Personas, las mujeres constituyeron un 33% del total de los desaparecidos, de las cuales el 10% estaban embarazadas (un 3% del total).

A raíz de los testimonios recopilados pudimos evidenciar que la violencia específica hacia las mujeres fue sistemática, previamente planificada y aplicada reiteradamente sobre la mayoría de las detenidas en los diversos Centros Clandestinos de Detención (CDD) que funcionaron en el país. Conformaban la larga cadena de establecimientos que fueron utilizados para desplegar las técnicas que los militares habían aprendido en las escuelas de guerra del exterior. Cada una tenía sus fundamentos, sus objetivos, sus pasos específicos, premeditados. Nada quedaba librado al azar, ni siquiera el hecho de que estos centros fueran comisarías, locales, hospitales, fábricas emblemáticas, todos ellos “escondidos” y a la vez visibles, para amedrentar a la población que intentara resistir.

Entre las modalidades de tortura se encontraban las violaciones reiteradas y llevadas a cabo, muchas veces, por más de un represor, en la mesa de torturas o cuando las detenidas querían ir al baño. Por lo que la violación, además de constituir una forma de sometimiento y extorsión, buscaba también el dolor y castigo de las detenidas: disciplinar y “corregir”, destruir la integridad física y psíquica de esas mujeres. “Recuperarlas”, como decían los oficiales en su jerga.

Los abusos sexuales cometidos contra las detenidas consistieron también en otra forma de denigración. Cuenta Miriam Lewin, detenida en la ESMA, que mientras se encontraba en la mesa de torturas: “Había gritos, insultos, uno de los tipos me levantó el antifaz. Yo estaba desnuda y atada. Me acercó el pene, mientras los demás me amenazaban: “te vamos a pasar uno por uno, hija de puta”. La verdad es que yo hubiera preferido una violación, la hubiese sentido como algo más humano y comprensible que la tortura”.(2) Este es un testimonio que se multiplica a lo largo de las fojas de cada una de las causas abiertas. La violencia se vistió de todas las formas posibles: desde la desnudez de las detenidas a la hora de las torturas, hasta la colocación de ratas en sus vaginas o, como en el caso de Adriana Calvo y otras parturientas, la obligación de limpiar la sala donde habían parido y hacerlas recoger la placenta, instantes después de dar a luz en cautiverio.

Comprender la dimensión de los “castigos” aplicados a las mujeres detenidas, su significado y sus intereses, es vital no sólo para tener en cuenta el plan sistemático sobre aquellas que vivieron semejante horror, sino también la intención disciplinadora sobre el conjunto de las mujeres que intentaran o pretendieran enfrentarse contra el orden social imperante. Así es como la dictadura ha logrado imprimir un estereotipo de mujer “santa”, ligado exclusivamente a su función procreadora, siempre y cuando no procreara “subversivos”. La mujer es en tanto madre. Y su papel principal lo ocupa dentro de la familia, ncleo fundamental del orden.

La “salvación” que se convirtió en condena

La ESMA, el Hospital Naval y el Hospital Militar fueron tres de los más importantes centros equipados para desarrollar las tareas de parto de las detenidas embarazadas.

A partir de diversos testimonios de mujeres que dieron a luz en los CCD y recuperaron su libertad, o de aquellas que compartieron celda con mujeres que esperaban un bebe y darían a luz en el centro, es posible reconstruir una lógica de tratamiento y posterior expropiación de estos bebés de las manos de sus madres y/o padres.

Casi la totalidad de las embarazadas secuestradas eran mujeres de no más de treinta años, que eran encerradas con otros compañeros y compañeras bajo pésimas condiciones de higiene, salubridad y alimentación. El ingreso de estas detenidas en las maternidades clandestinas que operaban dentro de algunos CCD no era registrado: las mujeres eran NN que, alrededor de los siete meses de embarazo, eran inducidas al parto, practicado generalmente por cesárea.

La “sala de parto” contaba, en cada centro, con un médico que supervisaba el proceso, parteras y enfermeras (algunas de las cuales eran monjas), mientras que los nacimientos eran realizados en presencia de oficiales uniformados y de civiles armados. Aún así, muchas veces las detenidas entraban en trabajo de parto y como nadie se acercaba a asistirlas eran los propios compañeros y compañeras los que oficiaban de médicos. Pero como si fuera poco, las detenidas embarazadas previamente recorrían un largo camino de padecimiento hasta el momento de dar a luz, ya que ellas también eran torturadas durante el período de gestación, que en muchos casos les provocó abortos o malformaciones en los bebés.

Durante el cautiverio, a la agresión física hay que añadirle la incertidumbre que cada una de ellas tenía acerca del destino de sus hijos e hijas, la sensación de que serían separadas de ellos y la incógnita de saber si alguna vez saldrían en libertad para ir en su búsqueda.

A lo largo de los testimonios de las embarazadas en libertad y de las compañeras de celda de otras tantas que aún continúan desaparecidas, se puede identificar una de las prácticas sistemáticas hacia las detenidas: eran “invitadas” a redactar una carta a sus familiares bajo la falsa promesa de que sería entregada a ellos junto con la criatura. Pero esas cartas nunca llegaban a salir de los CCD y esos niños y niñas tenían un claro destino desde un principio: la ESMA contaba con un listado de matrimonios militares y civiles afines, dispuestos a criarlos, en algunos casos por la imposibilidad de tener hijos, en muchos otros por la convicción ideológica de que esos bebés debían ser “salvados” de las ideas subversivas de sus padres. Una de las detenidas cuenta acerca de su compañera Graciela: “?la llevaron al baño por error, mientras yo me estaba bañando. Pudimos hablar unas palabras. Ella fue trasladada el 23 de abril. Unos días antes le habían sacado el nene. Pregunté mucho por él y uno de los guardias me confió que se lo había llevado uno de los torturadores que no tenía hijos. Que ya le había comprado la ropita, y que no le habían dicho nada a Graciela?”(3) Inclusive, muchas de las detenidas vieron interrumpido el curso de sus embarazos, no porque ellas lo decidieran, sino por la decisión arbitraria de otros sobre sus cuerpos: “Ya en diciembre de 1976, un documento firmado por detenidas políticas de Córdoba, que habían pasado un período en el campo de “La Perla”, daba cuenta de la suerte corrida por Isabel G. de Negrotti, quien perdió su criatura a consecuencia de las torturas recibidas”.(4)

Febres, emblema de impunidad

El genocida Héctor Antonio Febres, subprefecto durante la dictadura, era conocido dentro de la ESMA como “Selva” o “Daniel”. En ese CCD fue donde estuvo encargado de las detenidas que estaban embarazadas y del destino de sus hijos e hijas. Él mismo era el nexo entre los recién nacidos y las familias apropiadoras. Pero no dejemos pasar el dato. Nombramos una “lista” de futuros apropiadores, -¿puede haber una lista sin que antes exista una planificación del robo de bebes? Creemos que no, y éste es uno de los aspectos más macabros que tuvo el plan.

Hasta las esposas de los oficiales, como consta en actas, visitaban los CCD, para elegir los bebés a expropiar según el aspecto de sus padres detenidos.(5) Se apropiaron de sus hijos e hijas, y también de su identidad, de su historia y de su futuro. -¡Los elegían acordes a los rasgos de sus apropiadores, para que en el futuro no sospecharan! Era la eliminación del “otro” no sólo a través de la figura macabra de “desaparecido/a” sino también la eliminación de su descendencia, de sus deseos de ser padres y/o madres, de sus elecciones, de una nueva vida. La desubjetivización absoluta, la negación del sujeto y de sus potencialidades.

Se calculan que 400 bebés nacieron en cautiverio, de los cuales sólo 80 han recobrado su identidad gracias a la lucha de las organizaciones de derechos humanos y la amplia movilización popular. Por el silencio de los partícipes y cómplices, por la impunidad de la que son responsables los distintos gobiernos “democráticos” que se sucedieron, nada se sabe del destino de esos niños y niñas, hoy adultos que rondan los treinta años.

Pero como si fuera poco, Febres no sólo estaba acusado de esa brutal tarea, sino que ha sido partícipe de violaciones reiteradas a las detenidas-desaparecidas. La abogada Myriam Bregman, miembro del CeProDH y partícipe de la querella unificada de Justicia Ya!, ha denunciado que Febres “Violaba a las detenidas y también a las esposas y parejas de los detenidos, las amenazaba con matar a sus compañeros. También era un genocida y el delito de genocidio, que es el que le imputaba el Colectivo Justicia YA, entre otras causales implicaba un ejercicio sistematizado de la violencia sexual. En todos los genocidios hay violaciones masivas. La violación es otra manera de humillar y someter. No es lo mismo violencia sexual y tortura, tal como suele entenderlo la justicia. En mi opinión, la violencia sexual compone el delito de genocidio. Creemos que si logramos instalar ese criterio, las mujeres víctimas de esos sucesos aberrantes encontrarán el marco necesario para declarar quién las violó y cómo fueron violadas.”(6) Tengamos en cuenta que gran parte de las detenidas que sobrevivieron no se atrevieron a declarar las violaciones que sufrieron en los CCD, frente al aparato judicial reaccionario y machista al que se han enfrentado.

Hace semanas se publicaron las fotos que demuestran, como se viene denunciando desde que comenzó la causa contra Febres, los privilegios a los que accedía el prefecto genocida. Los mismos privilegios que garantizaron la impunidad. No solamente porque Febres debía haber estado preso en una cárcel común y de forma efectiva, sino porque esos privilegios fueron los que permitieron que se lo asesinara para que no declarase todo lo que sabía. -¿Y qué sabía Febres? Todo acerca de los bebés nacidos en cautiverio y apropiados ilegalmente en la ESMA, donde se produjeron la mayor parte de los nacimientos. -¿Qué iba a decir de todo lo que sabía? No lo sabemos y la incógnita permanecerá sin responder.

Pero tenemos un dato y una certeza. El dato: se le encontró una nota en la que aparecía el nombre de una detenida-desaparecida que tuvo a su hijo/a en cautiverio, y al lado de su nombre la palabra “hablar”. La certeza: si lo asesinaron a pesar del escándalo que se podía desatar, es porque el costo a pagar por dejarlo con vida hubiera sido muchísimo más alto.

Y aunque el gobierno trató de sacarse de encima el costo político del asesinato de Febres con el desplazamiento del Jefe de la Prefectura, a los pocos días esa misma fuerza de “seguridad”, reprimía salvajemente a los trabajadores y trabajadoras del Casino Flotante de Puerto Madero. -¿Acoso no hay un hilo conductor entre la Prefectura que actuó bajo la dictadura militar para disciplinar a los trabajadores y trabajadoras en una etapa de ascenso revolucionario, con el disciplinamiento que ejerce hoy como fuerza represiva del Estado capitalista, sobre sectores de trabajadores que se enfrentan al gobierno, la patronal y las burocracias sindicales?

-¿Otro caso Febres?

Paul Alberto Navone gozaba del privilegio de la libertad cuando decidió suicidarse o alguien decidió asesinarlo. Es que a pesar de estar investigado por el destino de los hijos mellizos de la detenida-desaparecida Raquel Negro, había obtenido el beneficio de disfrutar de uno de los hoteles cordobeses de la Fuerza Aérea.

Fue justamente en el parque de ese alojamiento de lujo donde se lo encontró sin vida. La justicia nunca consideró que debía estar detenido y tampoco consideró su aprehensión cuando no se presentó a declarar en la causa, alegando estar enfermo.

Si realmente fue un suicidio, la justicia no hizo lo necesario para evitarlo y garantizar que declarase. Si lo mataron, el aparato judicial tampoco garantizó las medidas necesarias para que ello no sucediera. Las dos hipótesis son posibles, más teniendo en cuenta las enseñanzas que nos dejó el asesinato de Febres. Los represores genocidas y apropiadores de bebés no dudan en llevarse la verdad silenciada hasta la tumba. Y los “camaradas de armas” no dudan en matarse entre ellos si de confesar, y avanzar en el camino de la justicia y contra la impunidad, se trata.

Las tareas pendientes contra la impunidad

María Eugenia Sampallo Barragán contesta “no sé” ante la pregunta del Juez acerca de su día y lugar de nacimiento. Pero sí sabe, desde el 2001, que su verdadera madre es Mirta Mabel Barragán, quien posiblemente la haya parido en el Hospital Militar. Mirta era obrera, militante del PC y delegada gremial de la SIAP (Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión) hasta que fue detenida por los militares mientras cursaba sus primeros meses de embarazo. Su compañero de militancia y de la vida era Leonardo Sampallo, obrero y subdelegado del Astillero Río Santiago. Ambos hoy continúan desaparecidos, y su hija María Eugenia es la primera en querellar a sus apropiadores. Ella es un ejemplo de fortaleza y convicción, para el resto de los hijos e hijas a los que se les restituyó su identidad, y para todos aquellos y aquellas que están convencidos de seguir luchando contra la impunidad.

Casi 32 años después desde el comienzo de la dictadura, aún quedan varias cuestiones por las que luchar. Las fuerzas represivas siguen cubiertas por los mantos de la impunidad que le han cedido gobierno tras gobierno. Aquellos oficiales formados bajo la implementación del siniestro plan sistemático de exterminio de una clase son quienes hoy forman parte de un aparato represivo que debe seguir disciplinando. Son esas mismas fuerzas las que reprimen en el Casino, ocupan Mafissa en beneficio de un empresario como Jorge Curi, quién colaboró con la dictadura. Y las mismas fuerzas que cada 40 horas fusila con su gatillo fácil a un joven.

Es que el Estado capitalista necesita de esas fuerzas represivas, no puede prescindir de ellas. Hoy ese Estado se viste con el ropaje de un régimen “democrático”, pero cuando la burguesía local o extranjera lo necesite utilizará los ropajes de la dictadura, desnudando más brutalmente su carácter de clase.

Por otro lado tampoco se ha avanzado en los juicios, donde sólo se han juzgado casos emblemáticos, pero ni por lejos al conjunto de los partícipes y responsables del genocidio. Y en esto el gobierno es directamente responsable, ya que el aparato judicial ha puesto obstáculo tras obstáculo, en el camino hacia la verdadera justicia.

El gobierno de los derechos humanos ha demostrado a lo largo de estos años, qué decíamos cuando denunciábamos el doble discurso K. Solamente el hecho de no haber avanzado en un solo paso en la apertura de los archivos de aquellos años que se encuentran en manos del Estado y sus fuerzas, es un claro ejemplo del límite que se autoimpone el gobierno para avanzar en ese camino hacia la justicia.

El caso Febres ha demostrado fehacientemente qué son los privilegios de los cuales hacen uso los genocidas y qué consecuencias traen aparejados: la impunidad. Con Febres asesinado, las posibilidades de saber hasta el final qué pasó con esos hijos e hijas apropiados es mucho más complicado, y el mensaje para cualquiera que pretenda declarar es aún más desalentador.

Debemos seguir exigiendo justicia, que no significa otra cosa que el encarcelamiento efectivo en cárceles comunes al conjunto de los cómplices, responsables y partícipes del genocidio; debemos seguir exigiendo la restitución de la identidad para todos los hijos e hijas apropiados, y el castigo a sus apropiadores e involucrados en los planes de apropiación ilegal; que citen a indagatoria a todos aquellos que hayan cumplido funciones en CCD donde funcionaban maternidades; e investigar el verdadero origen de todos los jóvenes e ntre 30 y 35 años inscriptos como hijos e hijas de miembros de las fuerzas represivas y de inteligencia. Exigimos también la aparición con vida de nuestro compañero Julio López, otro símbolo de la impunidad con la que operan los hacedores de la dictadura. Aún falta avanzar en el castigo a los empresarios que se beneficiaron directamente con el nuevo plan económico que necesitó de un genocidio para ser aplicado. La Iglesia, institución emblema de la opresión hacia las mujeres, debe ser juzgada como cómplice de la dictadura y separada definitivamente del Estado.

Este próximo 24 de marzo las mujeres tenemos la tarea principal de volver a ser las primeras en exigir justicia y luchar contra la impunidad, denunciando el carácter de clase de un Estado que no ha dudado en aplicar el genocidio contra una generación, cuando los negocios de los capitalistas se vieron amenazados por la lucha de los explotados y que hoy, mantiene un manto de impunidad sobre sus perpetradores.

(1) Alte. Emilio E. Massera: Discurso próximo al 9 de Julio de 1977, aniversario de la declaración de la Independencia, en una comida de camadería, habla en nombre de la Junta Militar. En El camino a la democracia, El Cid Editor, Buenos Aires, 1979.

(2) Lewin, M: Ese Infierno, testimonios de 5 mujeres detenidas en la ESMA, pág. 68.

(3) Nunca Más, CONADEP, Eudeba, Buenos Aires, 1984

(4) Informe del CELS

(5) Juicio Oral en el caso del Capitán de Corbeta Adolfo Scilingo. Acta del Juicio Oral. Sesión 20º.

(6) Myriam Bregman, Artemisa Noticias